Es necesario enfatizar el error en el que se ha incurrido por parte de la Comisión de Expertos, al aplicar una lógica de separación de poderes al órgano de Gobierno Judicial. No estamos frente a un monarca absoluto al cual hay que despojar de su poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que hablamos del órgano que llevará adelante la gestión de Gobierno Judicial, para garantizar la independencia de jueces y juezas. La separación de funciones, lejos de prevenir injerencias políticas indebidas, las facilita, y genera un desgobierno judicial producto de la predecible falta de coherencia y armonía entre los cuatro órganos, que serán impotentes ante los intentos de modificar su integración y hacerse así con su control.
