Diversos indicadores dan cuenta de que, como órgano encargado de la investigación de los delitos y la protección de las víctimas y testigos, la Fiscalía no está logrando sus objetivos con efectividad. En efecto, en el 2022 la proporción de imputados desconocidos alcanzó el 59%, el 56% de los casos fueron archivados, la tasa de judicialización bajó a un 33%, y los tiempos de tramitación (en días) de las salidas judiciales y no judiciales aumentaron en un 166% y 118% desde el 2012, respectivamente. Si analizamos estas cifras por tipo de delito, el escenario es aún más desolador, sobre todo con respecto a los homicidios y robos.
