De Aguirre operó de manera nítida en los casos de financiamiento ilegal de la política, como se ha divulgado en detalle por estos días. Hechos de corrupción política que fueron impugnados como discurso fundante en el relato del Frente Amplio para marcar sus diferencias con predecesores. Antecedente inmediato del estallido social de 2019 que apuntó al desprestigio de la clase política y la corrupción en las instituciones públicas y privadas. El hoy ministro de las Culturas, emitió facturas ideológicamente falsas en su condición de director ejecutivo de Chilevisión (por entonces de Sebastián Piñera), a diferentes empresas, por pagos de ocho facturas por $146 millones, que correspondían a bonos de gestión por sus servicios en la estación televisiva y en ningún caso a labores ligadas a las empresas pagadoras. Los fondos provenían de los aportes de grandes empresas a la campaña presidencial de Sebastián Piñera 2009.
