Los modelos de prevención de delitos y toda su estructura preventiva no solo debieran ser obligatorios para todo municipio, sino que tendría que impulsarse un cambio cultural profundo en cada uno de ellos, de modo de llevar el lenguaje de la probidad y la prevención de delitos a otra escala y otro nivel de estandarización en este estamento del aparato estatal. Junto con ello, se deben establecer cambios drásticos en las estructuras financieras del gobierno comunal y promover una reforma que faculte a entidades como, por ejemplo, la Subdere, a ejercer acciones de supervisión y control temprano de cada operación que involucre recursos, por menores que sean.
