El respeto de las garantías judiciales mínimas forma parte de la base de un Estado Democrático de Derecho. No obstante, el acceso a un debido proceso judicial es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados. El sistema interamericano de justicia ha consignado que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácte
