La situación institucional vigente es la siguiente: desde el 23 de agosto de 2022, la Constitución se puede reformar por 4/7 de los votos del Parlamento. La derecha aceptó este año rebajar el quórum desde 2/3, lo que entró en vigencia a dos semanas del plebiscito para mejorar las posibilidades de la opción Rechazo. Seguramente ahora está arrepentida y por eso postula la proposición antidemocrática de conformar un órgano constituyente con la mitad de miembros no elegidos sino designados por el Congreso actual, en el que tienen la garantía de que las fuerzas de gobierno no tienen mayoría. De no mediar un cambio en esta posición inaceptable, un nuevo Parlamento y Presidente(a) serán los llamados a habilitar, más adelante, la redacción completa de una nueva Constitución por una instancia democrática elegida para el efecto.
