En primer lugar, este pacto debiese dar vida a una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años. A diferencia de lo hecho anteriormente, esta Política, si bien debe seguir siendo de iniciativa y responsabilidad del Ejecutivo, en esta oportunidad es preciso que cuente con el respaldo de todos los sectores políticos, al punto de establecerse una vigencia mínima de la misma de, al menos, dos administraciones gubernamentales, sea cual sea su signo. De esto hablamos cuando nos referimos a que la seguridad pública debe ser una política de Estado que transcienda al Gobierno de turno. Lo anterior, permitirá una sana continuidad y evaluación de los planes y programas en ejecución, sin que se haga borrón y cuenta nueva al momento de asumir un nuevo Gobierno.
