Se innova al entregar al Estado, a través del Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), la posibilidad de gestionar fondos de pensiones, tanto los correspondientes a las cuentas individuales que así lo quieran como los correspondientes al Fondo Integrado de pensiones. Esto representa la posibilidad de aprovechar la amplia experiencia pública en el manejo de los fondos públicos, tanto en lo referido al manejo de las reservas del Banco Central como de los diversos Fondos Soberanos. Más aún, la reforma no solo no debilita el mercado de capitales, sino que lo fortalece y aumenta la disponibilidad de recursos para la inversión productiva. Tan importante como ello es que, con la propuesta, se hace realidad una demanda ya antigua de muchos afiliados al sistema de pensiones: disponer de la posibilidad de optar entre los prestadores privados y un prestador público.
