Después de cuatro años de discusión, el tratado de libre comercio firmado en febrero de 2018 –el tercero más grande del mundo– fue aprobado este martes en el Senado, pese al rechazo de un sector del oficialismo que, incluso, apeló a la reserva de constitucionalidad, alegando para esto un «vicio de legalidad» en su tramitación. A la espera de la resolución de las cartas bilaterales –para muchos un «invento» en pos de dilatar y calmar aguas, que más bien deteriora la imagen exterior del país– para que el pacto se deposite, con el patrocinio de un Estado Parte del tratado –en este caso Nueva Zelanda–, sus promotores creen que la ratificación de este acuerdo a nivel local constituye una oportunidad para potenciar el ingreso de productos chilenos a grandes mercados internacionales, mientras algunas voces críticas alertan sobre una posible pérdida de soberanía, además de la perpetuación de nuestra matriz económica. Al respecto, expertos en tratados internacionales creen que el debate en torno al TPP11 se ha convertido en una bandera de lucha política, más que de transformación económica.
