El Gobierno conformó una Mesa Regional de Trata de Personas. Estará integrada por 22 instituciones públicas, de las cuales destacan la Subsecretaría del Interior; Delegación Presidencial; Ministerio Público; Justicia; Relaciones Exteriores; Defensa; Mujer y Equidad de Género; PDI y Carabineros. Su principal objetivo será desarrollar acciones institucionales e intersectoriales que favorezcan la prevención del delito en cuestión; la protección de sus víctimas y la persecución de las organizaciones criminales detrás de su materialización. La delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, apuntó que la mesa «nos permitirá abordar de forma conjunta y sostenida los efectos del crimen organizado. Delitos de esta magnitud no pueden quedar impunes, por lo que hemos discutido mecanismos para la protección y persecución de esto, junto a la protección de las víctimas».
